Este informe tiene por objeto el análisis y la sistematización del ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de Cataluña con el fin de identificar aquellas normas jurídicas y políticas públicas que afectan a las personas con VIH o Sida, a las que están en riesgo de infectarse y a las que se relacionan con ellas y, en particular, aquellas normas jurídicas o políticas públicas que podrían suponer una discriminación o una limitación de sus derechos por razón de VIH o Sida
Conclusiones y recomendaciones
Tras el análisis y sistematización de las 26 normas jurídicas vigentes en la Comunidad Autónoma de Cataluña que afectan a las personas con VIH o Sida, se van a exponer las conclusiones más relevantes.
- En términos generales, puede afirmarse que en Cataluña se está construyendo una respuesta la VIH basada en derechos, que principalmente se materializa a través de la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de Igualdad de Trato y No Discriminación, al recoger en su artículo 1.3 el estado serológico como una forma de discriminación. De igual modo, aunque no hay constancia de que se haya desarrollado, cabe destacar el Acuerdo GOV/87/2020, de 30 de junio, que impulsa la elaboración del Pacto social contra el estigma y la discriminación de las personas con VIH 2020-2022.
- Son también reseñables los esfuerzos en el acceso a la función pública pues se han modificado los requisitos de acceso a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, eliminando así la exclusión de las personas con VIH. Igualmente, en el ámbito de consumidores y usuarios cabe destacar que las personas con VIH podrían ser consideradas como consumidoras vulnerables.
- La profundización de la respuesta basada en derechos vendría de la mano de la revisión del lenguaje utilizado pues, aunque prácticamente la expresión ‘infectocontagiosa’ ha desaparecido, la terminología está desactualizada en muchas ocasiones, considerando VIH y Sida como sinónimos. Igualmente es importante completar la acción del Decreto 123/1991, de 21 de mayo, que regula la autorización administrativa de centros y servicios que realicen técnicas de reproducción asistida, pues debería contemplar programas específicos dirigidos hacia las personas con VIH, en especial las mujeres con VIH, para fomentar, su salud reproductiva. Por lo que respecta al impacto etario, atendiendo a los datos epidemiológicos, quizás se debería contemplar la posibilidad de fomentar el acceso de las personas con VIH a los servicios y programas de atención a las personas mayores.
Por otro lado, también se podría identificar como un punto a mejorar por falta de transparencia, aquellas normas que identifican proyecto o planes y no se conocen las actuaciones que se han llevado a cabo dentro de su desarrollo. En este sentido, como ya hemos expuesto, cabe destacar el Acuerdo GOV/87/2020, de 30 de junio, que impulsa la elaboración del Pacto social contra el estigma y la discriminación de las personas con VIH 2020-2022 y que no hay constancia de que se haya desarrollado. Igualmente, otro aspecto a mejorar es la aplicación y seguimiento de los acuerdos que se adoptan pues, a pesar de la adopción d el Acuerdo GOV/74/2020, de 2 de junio, por el cual se procedió a la revisión y actualización de las causas médicas de exclusión en el acceso a cuerpos, escalas o categorías de la Administración de la Generalitat de Cataluña que elimina la exclusión de las personas con VIH, se ha podido comprobar que en las convocatorias de las categorías de mosso/a de la escala básica del cuerpo del Mossos d’Esquadra (Resolución INT/10/2022, de 7 de enero, de convocatoria mediante concurso-oposición libre para cubrir plazas de la categoría de mosso/a de la escala básica del cuerpo de Mossos d’Esquadra), se sigue incluyendo como causa de exclusión médica una que podría afectar a las personas con VIH: «14.2 Enfermedades infecciosas o parasitarias que originen trastornos funcionales, exijan un tratamiento continuado o que, por su riesgo de contagio, sean incompatibles con el desarrollo de las tareas policiales»
El Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH es una iniciativa impulsada desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
