Este informe tiene por objeto el análisis y la sistematización del ordenamiento jurídico de la Comunidad Valenciana con el fin de identificar aquellas normas jurídicas y políticas públicas que afectan a las personas con VIH o Sida, a las que están en riesgo de infectarse y a las que se relacionan con ellas y, en particular, aquellas normas jurídicas o políticas públicas que podrían suponer una discriminación o una limitación de sus derechos por razón de VIH o Sida.
Conclusiones y recomendaciones
Tras el análisis y sistematización de la normativa de la Comunidad Valenciana, se han identificado 19 normas jurídicas que afectan a las personas con VIH o Sida, las cuales se han interpretado bajo la perspectiva de los derechos humanos para identificar buenas prácticas, normas que se deberían actualizar y normas jurídicas que se deberían someter a revisión y debate con el fin de identificar su ajuste con los derechos fundamentales.
En términos generales, la Comunidad Valenciana es un buen reflejo de una
respuesta al VIH basada en derechos. Ha incorporado rápidamente en la regulación de la función pública la reforma de los criterios de acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, eliminando el VIH como un criterio médico que impedía dicho acceso. De igual modo, ha tratado de encontrar una solución al problema de la calificación legal del VIH como una enfermedad ‘infectocontagiosa’ o ‘infectotransmisible’ aportando una definición.
No obstante, existe un margen de mejora pues puede utilizarse una técnica
legislativa más depurada precisando la terminología empleada cuando en las normas se hace referencia al VIH y al SIDA. Igualmente, debe aumentarse la transparencia de los proyectos o planes anunciados en las normas jurídicas analizadas. La claridad normativa y la sistematicidad normativa no es la deseable para construir una respuesta normativa adecuada con respecto al VIH, ya que esa deficiencia podría impedir conseguir el fin o el interés que se quiere conseguir, como es la identificación de normas que pudieran suponer
una limitación de los derechos de las personas con VIH, como ocurre con el cuestionario previo a la donación de sangre.
Quizás el aspecto más negativo es que el Pacto Autonómico de 2016 no tiene
carácter legal y no tiene una publicación oficial.
El Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH es una iniciativa impulsada desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
